martes, 6 de diciembre de 2011

Investigación y Desarrollo

En Perú invierten poco en innovación (Perú 21 02/12/2011)


La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) ha vuelto a poner en el tapete una de las grandes reformas estructurales pendientes en nuestro país: el desarrollo de las actividades de innovación y desarrollo (IyD), esenciales para incrementar la productividad de la economía peruana y, consecuentemente, el bienestar -o la inclusión para estar a tono con los tiempos-. La inmensa diversidad de nuestro país presenta un reto, ya que hay flora, fauna y regiones geográficas únicas -como el altiplano- o poco frecuentes -como la selva tropical- en el mundo, sobre las cuales se realiza muy poca investigación. Esto presenta una inmensa oportunidad: los retornos a la investigación pueden ser gigantescos, ya que se tendría una posición líder en los mercados que se crearían. Aún así, la tremenda precariedad institucional, la inestabilidad y el cortoplacismo resultante han mantenido postergada a la IyD en el Perú. Es más, claramente hemos involucionado en esta área de las políticas públicas.



La IyD presenta al menos dos fallas de mercado que requieren que el Estado intervenga para que se produzcan la cantidad y calidad que conviene a la sociedad. De un lado, no se puede excluir del uso de una innovación a quienes no la financiaron, especialmente en la quinta economía más informal del mundo. Es decir, la IyD es un bien semi público, un bien común o un bien público rival para ser precisos. Para una empresa, tiene poco sentido invertir en IyD si no tiene forma de impedir que sus competidores se beneficien de su innovación. Obviamente, las patentes, tan utilizadas en otros medios, casi carecen de sentido en el reino de la piratería. Los fondos públicos concursables como el Programa de Ciencia y Tecnología FINCYT (ver) o el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (ver) son el instrumento de políticas públicas más usado en nuestro país para promover la IyD. De otro lado, la IyD genera lo que los economistas llamamos una externalidad positiva, como también ocurre con la educación. Los beneficios derivados de ambas actividades son mayores que los que son percibidos por quienes las realizan y esto lleva a que se invierta menos de lo que es ideal para la sociedad.



Como puede observarse en los dos gráficos y está ampliamente documentado por entidades públicas, universidades, centros de investigación, consultores especializados, organismos multilaterales y otros, nuestro país invierte poquísimo en IyD y esta es una de nuestras mayores debilidades competitivas (ver gráfico 1). A la fecha, pues, el Estado ha hecho un pésimo trabajo corrigiendo las fallas de mercado mencionadas. En parte, porque se presentan fallas de Estado que le quiten, casi absolutamente, impacto a la insuficiente intervención pública. Entidades públicas como CONCYTEC o INIA y, mucho peor aún, la mayoría de universidades públicas que dizque "investigan" dependen usualmente de incentivos políticos. Tienden a ser utilizadas por los gobiernos de turno para satisfacer a clientelas políticas, en desmedro de unos pocos destacados y abnegados científicos de las pocas universidades como San Marcos, la UNI o Cayetano Heredia, por ejemplo, donde se tiene verdadera capacidad de IyD (ver gráfico 2). Aún recordamos a uno, lamentando con lágrimas en los ojos cómo el Estado repartía entre todas las universidades públicas fondos del FEDADOI (ver), en partes iguales: algunos "colega", nos dijo, no saben ni llenar un formulario para concursar por fondos de IyD, mientras que la casa de estudios en la que investigaba y enseñaba no tenía como financiar proyectos aparentemente muy atractivos.



Como la mayoría de problemas de políticas públicas pendientes en nuestro país -o los aciagos hechos asociados a Minas Conga por ejemplo-, su naturaleza es política no técnica. Seguramente hay amplio consenso en que evaluar independientemente y potenciar fondos como FINCYT o FIDECOM es una tarea pendiente. Un fondo soberano de riqueza de mediano plazo también podría hacer sostenible esta política, reduciendo la dependencia del financiamiento de la IyD del ciclo presupuestal. También dentro del esquema de gestión por resultados, hay que concentrar los subsidios públicos en algunas universidades públicas o privadas sin fines de lucro como la Cayetano, la campeona nacional en producción científica. Sin embargo, el reto político de quitarle rentas a algunos de los caciques de la universidad pública peruana y bajar del podio a algunas falsas vacas sagradas del establishment científico, es mucho menor que el de concretar proyectos mineros, reformar la educación o revertir la captura de la política laboral por "sindicatos" trasnochados y rentistas. Pero los beneficios sociales pueden ser similares. Esta es un área en la que no sería difícil lograr avances importantes si se tiene la voluntad de hacerlo.

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